Francia ha aprobado una ley que regula el espionaje nacional e internacional. La norma legaliza el uso de métodos y tecnologías excepcionales para controlar, vigilar y prevenir delitos, crímenes y atentados.
Según un informe del Parlamento Europeo, las agencias de seguridad gubernamentales interceptan gran cantidad de información a partir de las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos. Esto lo pueden hacer empleando sus propios medios de seguimiento o solicitando el acceso directamente a las compañías tecnológicas.
Todo software tiene vulnerabilidades que se subsanan a medida que la empresa propietaria los descubre a través del desarrollo de actualizaciones o parches, de forma que los hackers no puedan acceder a los dispositivos por esa vía. Según este informe, se sospecha que las agencias de seguridad compran en el mercado negro vulnerabilidades.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que, en realidad, no hace falta recurrir a sofisticadas técnicas de hacking o de ingeniería social para hacerse con información personal de un usuario. Los metadatos (que revelan la localización, el tipo de dispositivo empleado, la IP del emisor y del receptor de una comunicación y la duración de la misma, entre otras cosas), unidos a otra información disponible públicamente en Internet (el perfil en redes sociales, por ejemplo), pueden revelar mucho más de lo que parece.
Se plantea entonces que el problema debe ser atajado desde un nivel político. Se debe establecer un adecuado equilibrio entre las libertades civiles y el legítimo interés de la seguridad nacional.
Como conclusión, el informe del Parlamento Europeo expone que "en Europa, la protección de datos se concibe como un requisito esencial para otros derechos, como la libertad de expresión y de pensamiento. La ley debe establecer un entorno apropiado y proporcional a una sociedad democrática, para salvaguardar la seguridad nacional y la prevención, detección y persecución de delitos o de usos indebidos de las nuevas tecnologías".
